09/19/2026
Unas 950,000 personas podrían abandonar o evitar programas de asistencia pública ante los cambios en la política de “carga pública”, pero la cifra necesita contexto.
La estimación proviene del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y representa el posible “efecto disuasorio” de la política: personas que podrían dejar de utilizar o solicitar determinados beneficios por temor a que hacerlo afecte un proceso migratorio. DHS analizó seis programas, entre ellos Medicaid, SNAP, CHIP y asistencia federal para vivienda.
Esto NO significa que el Gobierno esté eliminando automáticamente los beneficios de 950,000 personas ni que 950,000 personas perderán su residencia permanente.
DHS estima además que unas 588,000 solicitudes al año están sujetas, en promedio, a evaluaciones de carga pública.
La situación migratoria de cada persona puede ser diferente. Antes de cancelar un beneficio por temor a consecuencias migratorias, es recomendable verificar cómo aplica la política al caso particular.
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