27/07/2026
🔴Aún sin rastros de la megacorrupción del envío de $us 25 millones en oro: ¿Negligencia policial o encubrimiento de Estado?
REDACCIÓN CENTRAL / GRUPO MARAÑÓN PERIODISMO DIGITAL
Un vuelo chárter con destino a Dubái, cuatro maletas especiales, 189.5 kilogramos de oro de alta pureza y un código QR falsificado. Los ingredientes del que ya es el mayor escándalo de contrabando del año en Bolivia configuraban un operativo criminal perfecto. Sin embargo, la posterior actuación de la cúpula policial y el Ministerio de Gobierno ha transformado un golpe al contrabando en una evidente trama de encubrimiento institucional que salpica a las más altas esferas del poder.
El botín y la trampa del QR
La madrugada del operativo en el aeropuerto de Viru Viru parecía un triunfo de la ley. Un teniente de la policía interceptó el millonario cargamento valuado en 25 millones de dólares, perteneciente a la empresa Emporio Dorado SRL, con sede en La Paz. El plan de los contrabandistas chocó contra un muro cuando los sistemas detectaron que los formularios de exportación de Senarecom llevaban un código QR clonado u totalmente inexistente.
La alerta definitiva saltó por la tripulación del avión privado. Al notar el peso excesivo de los bultos (casi 50 kg por maleta) que ponía en riesgo el balance de carga para el despegue, exigieron las declaraciones aduaneras. Para pasar los controles, los contrabandistas imprimieron en el formulario un código QR clonado generado externamente. El engaño se desmoronó cuando el personal de seguridad escaneó el código y el sistema informático SUMA de la Aduana arrojó que el QR estaba completamente "vacío".
Hasta ahí, la narrativa oficial funcionaba. Había un detenido —Adrián Lema Roca, un joven de 22 años utilizado como el eslabón más débil de la cadena— y otras cinco personas más arrestadas en la misma pista de despegue. Pero en cuestión de horas, el éxito policial se transformó en un burdo sainete de impunidad.
La liberación exprés de los cómplices
La indignación estalló cuando se conoció que los otros cinco implicados clave fueron trasladados a las dependencias de la FELCC en Satélite Norte y liberados de forma exprés, sin la orden ni el conocimiento de los fiscales anticorrupción. No eran sospechosos menores: entre los liberados figuraban Lucas Manuel Muñoz (funcionario de la Aduana Nacional), Luis Enrique Rivero Sotelo (gerente comercial del vuelo chárter) y el técnico verificador de Senarecom.
Para justificar que se soltara a semejantes actores clave, el director departamental de la FELCC de Santa Cruz, el coronel Jhonny Coca, ensayó una excusa que insulta la inteligencia pública: un "error procedimental" . Según Coca, el investigador asignado simplemente "olvidó" informarle sobre el arresto del 80% de los involucrados . El cinismo del informe policial revela además que el funcionario de Senarecom recibió llamadas en la madrugada de un "licenciado Ortiz" para forzar la validación de la papelería falsa.
La realidad, sin embargo, se mueve en vehículos oscuros. Paralelamente a la liberación, una oficial de la policía —la capitán Guzmán— fue captada dentro de un automóvil particular manteniendo una reunión clandestina con el abogado defensor de los acusados. ¿El objetivo? Presuntamente negociar la impunidad express a cambio de silenciar los teléfonos celulares secuestrados, cuyos registros de llamadas quemaban las manos de las autoridades.
Desmentir pero proteger
El punto de quiebre de esta trama ocurre en el despacho del Ministro de Gobierno. En un ejercicio de pirotecnia mediática, el ministro Marco Antonio Oviedo salió públicamente a desmentir al coronel Coca, confirmando que sí existió una llamada telefónica tripartita en la madrugada del operativo entre su persona, el presidente de la Aduana Nacional (Alberto Soto) y el director de Senarecom (Armando Magne).
Sin embargo, el Ministro ejecutó el movimiento político más sospechoso de todos: desmintió al jefe policial, pero lo mantuvo en el cargo . ¿Por qué sostener a un director de la FELCC que ha mentido abiertamente sobre la liberación de sospechosos en un caso de 25 millones de dólares?
Fantasmas y dueños prófugos en la impunidad
Mientras el joven mensajero Adrián Lema Roca ha sido sacrificado políticamente con prisión preventiva en Palmasola, los verdaderos cerebros de la operación gozan de total anonimato en las calles. Los papeles notariales revelan que la empresa Emporio Dorado SRL pertenece en partes iguales a Emanuel Yosua Cruz García y Mabel García Huarachi.
La firma fue constituida estratégicamente en Sopocachi (La Paz), exactamente al lado de las oficinas de la AJAM, operando bajo una dirección pantalla donde solo habitan estudiantes de alquiler. Hoy, ambos dueños se encuentran prófugos, habiendo sido alertados oportunamente por filtraciones internas para borrar su rastro antes de los allanamientos. Mover casi 190 kilos de oro desde la sede de gobierno, adulterar documentos estatales y fletar un vuelo privado directo a los Emiratos Árabes requiere un blindaje político de altísimo nivel.
Modus operandi repetitivo
La ciudadanía y la oposición comparan de inmediato este caso con escándalos previos (como el de las "Narcomaletas" o el caso Marset), donde el libreto estatal siempre es el mismo:
• Culpar al eslabón más débil (en este caso, Coca culpó al "investigador asignado" que supuestamente "olvidó" informarle de los arrestados).
• Ganar tiempo mediante la solicitud de "informes cronológicos" y auditorías para enfriar la atención mediática.
• Mantener a los jefes policiales en sus puestos mientras se asegura que la evidencia comprometedora (como los celulares de los implicados y las grabaciones de la oficial con el abogado) sea "limpiada" o manipulada convenientemente.
Fotos: ANF.DTV-EN LA MIRA DEL PODER
