10/05/2026
Nuestra opinión sobre la
: cuando el silencio es el mensaje
Por Juan Pablo Suárez Charry analista político y gerente de Consultoría e Investigación Suárez & Asociados S.A.S.
El pasado 5 de mayo, la firma española GAD3 —con 25 años de trayectoria internacional y presencia en más de treinta países— anunció que suspende la publicación de encuestas electorales en Colombia. No lo hace porque carezca de rigor. Lo hace precisamente por lo contrario: porque tiene suficiente rigor científico para saber que cumplir al pie de la letra la nueva normativa es técnicamente imposible sin comprometer la calidad y la credibilidad de su trabajo.
El comunicado de GAD3 es una bofetada en cámara lenta a quienes diseñaron la Ley 2494 de 2025 —que muchos ya llaman sin ambages la —. La Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral exige que las encuestas demuestren que "cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio". GAD3 lo dice con precisión quirúrgica: esa es una exigencia que ninguna metodología demoscópica existente en el mundo puede satisfacer en la práctica. No es un problema colombiano. Es una imposibilidad estadística universal.
El silencio tiene dueño
Hay una ilusión cómoda en creer que regular más las encuestas produce más verdad. Lo que produce, en realidad, es menos encuestas. Y menos encuestas no significa menos opinión: significa que la opinión pública queda huérfana de datos verificables y a merced de lo que circula en redes sociales, de los rumores de campaña y de las narrativas fabricadas por quienes tienen el músculo para imponerlas.
Porque aquí está el punto que más me preocupa y que pocas veces se dice con claridad: las encuestas no van a desaparecer. Se van a privatizar. Las grandes firmas, los equipos internos de las campañas mejor financiadas, seguirán midiendo. Lo que desaparecerá es la publicación. Lo que se acabará es el acceso ciudadano a esa información. Se consolidará un VIP de la información electoral: quienes puedan pagar por encuestas privadas tendrán la brújula; el resto navegará a ciegas.
Esto no es un efecto colateral de la ley. Es su consecuencia más estructural. Y es, en el fondo, su mayor peligro para la democracia.
Las víctimas invisibles: las firmas regionales
Lo escribí hace meses y lo reitero hoy con más convicción: la Ley 2494 golpea de manera desproporcionada a las firmas regionales. En su momento César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, ya lo advirtió públicamente: con las nuevas exigencias de tamaño muestral que impone esta norma, hacer encuestas electorales se convierte en un ejercicio financieramente inviable, especialmente para las firmas medianas y pequeñas con operación territorial.
Las firmas que trabajamos en esto seguiremos haciéndolo. De manera privada, con nuestros clientes, con nuestras metodologías. Pero la ciudadanía perderá el acceso a esa información. Y eso, en un año electoral tan crucial como este, tiene un nombre: desinformación institucionalizada.
La tormenta perfecta a 20 días de la primera vuelta
Estamos a menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial y el ecosistema informativo electoral colombiano está a punto de colapsar en términos de datos públicos confiables. Lo que vendrá en su reemplazo es predecible: una proliferación exponencial de encuestas de redes sociales —metodológicamente nulas, sesgadas por diseño, pero virales por naturaleza— que alimentarán una desinformación brutal y sostenida.
Y como convencido del poder de la investigación cuantitativa, me permito un análisis basado en lo que las encuestas han mostrado hasta ahora, antes de que el silencio se imponga:
Primero, habrá segunda vuelta. Ningún candidato alcanzará el umbral necesario para ganar en primera ronda, a pesar de lo que insinúen algunos voceros de campaña. Las cifras no dan para ese optimismo.
Segundo, lo más probable es que a segunda vuelta pasen Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En ninguna medición —ni siquiera en su momento de mayor impulso, cuando logró la consulta de derecha y sumó a Oviedo en búsqueda del voto de centro— la senadora Paloma Valencia ha superado consistentemente a De la Espriella.
Tercero, todas las simulaciones de escenarios de segunda vuelta muestran a Iván Cepeda ganando. Pero ojo: ese resultado no es automático. Depende críticamente de la distancia que lo separe del segundo lugar en primera vuelta. Si esa brecha es menor a cuatro millones de votos, la segunda vuelta se convierte en una disputa abierta, con altísima incertidumbre y movilización de los electores de los candidatos eliminados como variable determinante.
El costo de apagar la luz
GAD3 concluye su comunicado con una frase que deberíamos leer despacio:
"Sin encuestas fiables, se debilita la calidad democrática y se limita el acceso de los decisores públicos a una representación plural de la sociedad. Su restricción o eliminación supone retroceder hacia modelos en los que solo determinadas élites sociales tienen capacidad efectiva de influencia."
No es retórica. Es diagnóstico. Y en Colombia, a veinte días de una elección que puede cambiar el rumbo del país, apagar la luz de los datos públicos no es neutralidad: es una decisión política con consecuencias reales para millones de ciudadanos que merecen votar informados.
Colombia necesita más datos, más participación y más democracia. No menos.
