23/04/2026
Alerta política: denuncian intento de excluir a Liliana Taisha de las primarias de Pachakutik
Una nueva controversia sacude al Movimiento Plurinacional Pachakutik tras denuncias sobre un presunto intento de impedir la participación de Liliana Taisha en las elecciones primarias internas con miras al periodo 2027–2031.
De acuerdo con versiones de actores políticos y dirigencias provinciales, se estaría aplicando una disposición reglamentaria que, según analistas jurídicos, vulneraría derechos constitucionales fundamentales.
El punto central del conflicto gira en torno al artículo 6, literal c), del reglamento interno de democracia de la organización. Esta norma —según las denuncias— estaría siendo interpretada para restringir la participación de personas que han ejercido cargos públicos, una lectura que ha sido calificada como “arbitraria” e “inconstitucional” por varios sectores del movimiento.
Críticos sostienen que la normativa estaría siendo utilizada de manera selectiva para bloquear candidaturas específicas, lo que ha encendido alertas sobre una posible manipulación interna.
Desde el ámbito jurídico, se recuerda que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho a elegir y ser elegido, así como a participar en los asuntos públicos, tal como lo establece el artículo 61.
En esa línea, subrayan que haber desempeñado funciones públicas no constituye, por sí solo, una causa de inhabilitación.
Asimismo, el Código de la Democracia establece de forma expresa las prohibiciones para ser candidato, sin contemplar entre ellas el haber sido servidor público. Por ello, advierten que cualquier intento de exclusión basado en este argumento carecería de sustento legal.
Especialistas también han reiterado que las restricciones a los derechos políticos deben interpretarse de manera estricta y no extensiva, en concordancia con precedentes del Tribunal Contencioso Electoral, que ha señalado que únicamente una sentencia ejecutoriada o resolución firme puede limitar la participación política de un ciudadano.
La situación ha sido considerada por varios sectores como una posible vulneración al Estado de derecho y a los principios democráticos del propio movimiento.
Además, se advierte que la medida podría afectar no solo a una candidatura en particular, sino a un grupo más amplio de militantes con experiencia en la función pública.
Ante este escenario, se ha solicitado al coordinador provincial que eleve el caso a la dirigencia nacional para revisar o dejar sin efecto la disposición cuestionada. De no atenderse el pedido, no se descarta la interposición de acciones legales ante instancias como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral.
El caso continúa en desarrollo y podría sentar un precedente relevante sobre los límites de la normativa interna de los partidos frente a los derechos constitucionales de participación política en Ecuador.
