Me atrevo a redactar estas líneas debido a que tenemos casi 11 meses sufriendo con la impotencia que sienten muchos mexicanos cuando tratan de hacer valer sus derechos o los de las mujeres y niñas y niños de sus familias, por las vías institucionales con autoridades administrativas como el DIF o como instancias judiciales como la Fiscal General del Estado y sus ministerios Públicos. Y nos hemos dado cuenta o nos hemos topado con que la división de poderes es una ilusión y que todo obedece a intereses políticos y económicos.
En nuestro caso particular, como familia lo hemos vivido en el caso de mi hija Monica C. Peyro Navarrete y sus dos hijas- menores de 5 y 4 años- de quienes han sido vulneradas sus derechos y han sido víctima de delitos graves por parte del propio padre de éstas y del entorno familiar del mismo.
Para contextualizar a lo que nos hemos enfrentado me permito mencionar las relaciones que esta familia tiene con el gobierno actual del Estado de Durango, el papá de las niñas es Mauricio Esteban Gorjón Ruiz, actual vicepresidente de Comercio de la Canaco y miembro de las comisiones consultivas regionales del Infonavit; su padre, Mauricio Gorjón Fernández, actualmente tesorero de la Cruz Roja, quien públicamente menciona haber aportado dinero a la campaña a Gobernador del actual titular en el Estado, lo cual es relevante por lo comentaremos en seguida.
Con fecha 29 de noviembre de 2019, Mauricio Esteban Gorjón Ruiz sustrajo a mis nietas menores de edad entonces de 4 y 3 años, y fue sujeto a proceso penal y declarado culpable del delito de sustracción con causa penal 152/2019. Se le dictaron medidas cautelares o restricciones al padre de mis nietas. Previamente el día 28 de noviembre de 2019, el abuelo paterno Mauricio Gorjón Fernández con apoyo de la directora del DIF Estatal de Durango, Rocío Manzano, presentó una queja en la madrugada por omisión de cuidados de mis nietas por parte de su mamá. Diciendo que las menores vivían con ellos desde hacía 4 meses (y en otras partes mencionaban que dos). En el juicio de la sustracción, se demostró que esto era una falsedad con testimonios valiosos que acreditaban que mi hija siempre había estado a cargo de sus hijas, así como con evidencia visual (videos) demostrando de que las niñas se encontraban con su mamá ese día.
Y tan fueron hechos falsos que el propio Juez Segundo de lo Familiar, Lic. Luis Mario Hernández Vargas así lo asentó en un acuerdo “mañoso” en que “concedió” la custodia provisional de mis nietas a mi Hija, misma que no se pudo ejecutar como comentaré más adelante.
Los abuelos paternos y el padre de mis nietas presentaron demandas- basadas en falsedad de declaraciones y que por tanto deberían ser consideradas falsas también- y lograron obtener que el Juez Segundo de lo Familiar concediera la custodia provisional de mis nietas al padre con fecha de 2 de diciembre de 2019. He sido reiterativo en que presentaron evidencias falsas en colusión con autoridades debido a que esto privó a las menores y a la madre de mis nietas de sus derechos y es fecha que a las autoridades no se les ha hecho responsables de estos actos inhumanos, existen evidencias y conocimiento y no se ha actuado en consecuencia, pudiendo existir este tipo de actuar en muchas más víctimas en este pobre Estado. Tal es el caso de varias denuncias públicas que existen al día de hoy por víctimas del sistema del DIF como judicial del Estado de Durango.
Es tan clara la complicidad de las autoridades del DIF estatal que el Lic. Juan Carlos Cardoza Sánchez, Sub-procurador de defensa del menor, sin mediar solicitud del Juez envía oficio en el que cita el numero de expediente de la demanda de divorcio del Juzgado Segundo Familiar sin que exista ese dato en ninguna otra parte de la queja.
Cabe señalar, que el 28 de noviembre fue jueves. Es decir, en solo dos días hábiles el juez familiar recibió una demanda de divorcio con un informe del DIF (basado en falsedades presentado en la madrugada) y se concedió la custodia provisional de las niñas al padre sin siquiera notificar a la madre. Me impresiona que, en el proceso, pasan meses y no se mueve un dedo y en esta situación particular las cosas en menos de 48 horas ya estaban resueltas. Esto nos hace pensar que la justicia solo se mueve en beneficio de gente cercana al poder o con recursos económicos.
Derivado de esto y al ver que no se le permitía a mi hija ver a mis nietas, se vio en la necesidad y casi obligada a firmar un convenio de divorcio ante Notario Público, ya que se trató de ejecutar un acuerdo de custodia provisional emitida por el Juez en favor de mi hija, el día 13 de Diciembre de 2019 a las 18:30 – siendo esta fecha el último día hábil en el Tribunal - y al llegar al domicilio alguien les había dado el “pitazo” y no se encontraba nadie en la dirección. Después de esto, se decreto el divorcio basada en el convenio sin citar a mi hija. dejándola nuevamente en estado de indefensión.
Durante los meses de enero y febrero, derivado del convenio de divorcio existía custodia compartida y las niñas vivían 4 días con su madre y 4 días con su padre, mi hija empezó a notar cambios en el comportamiento de las niñas, así como trastornos de ansiedad, sueño, alimenticios, así como un retroceso en su desarrollo evolutivo, y, en su preocupación, acudieron con profesionales y se emitió un dictamen en que las dos mostraban signos de abuso sexual infantil. Con base a esto, se presentaron dos denuncias ante el ministerio público, la segunda fue presentada con base en dictamen del médico legista de la Fiscalía en el que se dictaminó que la más pequeña mostraba signos de violación, dichos signos se presentan al regresar de pasar tres semanas vacaciones de verano con su papa y la familia de éste. En su declaratoria ante el Ministerio Público del CEJNNA la niña señaló que no le gustaba que su padre le tocará sus partes íntimas.
A la fecha mi hija ha solicitado a la Fiscalía copia de las carpetas de investigación y se le han negado argumentando que contienen datos sensibles, sin entregar algún oficio respondiendo a la petición y teniendo las carpetas en custodia en la oficina de la coordinadora de los ministerios públicos. A la fecha, además, hemos sido acosados y perseguidos por vehículos polarizados y sin placas, todos los miembros de mi familia incluso una de mis hijas que se encuentra embarazada. Tememos por nuestra integridad.
El día 20 de octubre se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares fijadas al padre por el delito de sustracción de menores, y a pesar de que se presentaron evidencias documentales (videos) y testimoniales el Juez Penal de Control Lic. Jaime Romero Maldonado, las desestimó y declaro sobreseído el caso.
Ahora temo, que las carpetas de investigación que no nos ha entregado el Fiscal sean manipuladas y se exonero al delincuente de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y se utilicen para desvirtuar hechos en la demanda incidental que ha presentado en agosto de 2020 en el Juzgado Segundo Familiar. Donde acusa a mi hija de estar loca porque en su infancia fue violada por el suscrito, una infamia absoluta.
Escribo esto en mi desesperación ya que las autoridades en lugar de defender a las víctimas, que son dos niñas menores de edad, han estado encubriendo y dando trato preferencial al que desde un principio ha cometido crímenes en contra de dos menores, que son sus propias hijas sin tocarse el corazón. Les pido a todos ustedes que compartan mi historia porque hemos actuado de manera legal y correcta, descubriendo que estas cosas no funcionan así. Les pido si ustedes tienen hijas, hijos, nietos, nietas se toquen el corazón porque solo soy un padre y abuelo pidiendo justicia. No quiero nada más que justicia para que mis nietas vivan una niñez digna y feliz.
Y hago responsable de cualquier daño que sufran los integrantes de mi familia y yo mismo, al Titular del Ejecutivo en Durango, a la Fiscal General del Estado y al presidente del Tribunal de Justicia de Durango.
