19/08/2026
En 1997 en Acteal, Chiapas, 45 indígenas tzotziles fueron as3sinados mientras rezaban en una capilla. Entre las víctimas del ataque había mujeres embarazadas y niños. El saldo exacto fue de 16 niñas, niños y adolescentes, 20 mujeres, siete de ellas embarazadas y nueve hombres adultos, más 26 heridos graves.
Ocurrió el 22 de diciembre, en el municipio de Chenalhó. Unos 90 paramilitares del grupo Máscara Roja atac4ron durante siete horas, de las once de la mañana a las siete de la tarde. Y todo sucedió a solo 200 metros de un retén policial que nunca intervino.
Las víctimas pertenecían a Las Abejas, una organización tzotzil nacida en 1992 y declaradamente pacifista. En 1994 rechazaron sumarse al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional precisamente porque estaban en desacuerdo con el uso de las armas. Eso no los protegió.
En mayo de 1999, un telegrama de la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México reportó a Washington el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos armados en Los Altos de Chiapas, y describió una red clandestina de equipos de inteligencia creada a mediados de 1994 para infiltrar comunidades indígenas y promover grupos antizapatistas.
El proceso judicial se derrumbó solo. De los detenidos, ocho exagentes de seguridad pública recibieron p***s de poco más de tres años. En la causa penal 223 se condenó a 18 personas por portación de armas, aunque en el expediente solo constaban tres armas usadas y ninguno de los acusados dio positivo en la prueba de residuos de pólvora. El 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte amparó a 26 indígenas al determinar que la Procuraduría General de la República fabricó pruebas: 20 salieron ese mismo día. En noviembre liberó a nueve más y en febrero de 2012 a otros siete. Para 2012, de 79 sentenciados, 51 ya estaban libres.
La demanda civil contra el expresidente Ernesto Zedillo, presentada en 2011 en Connecticut, se desechó cuando Washington le concedió inmunidad a petición del propio gobierno mexicano. El 3 de septiembre de 2020, el Estado ofreció disculpa pública y firmó un acuerdo con 12 sobrevivientes y 18 familiares. La comunidad sigue exigiendo que se juzgue a los responsables al más alto nivel.
