30/10/2025
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Chiapasenlamira.com
Tuxtla Gutiérre; Chiapas | 30 de octubre de 2025
El cuento de hadas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga terminó en una lujosa mansión de Pinecrest, Florida, rodeada de agentes del ICE, US Marshals y Border Patrol. El operativo que llevó a la detención del empresario chiapaneco —acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada— reveló no solo el paradero de uno de los fugitivos más buscados de México, sino también el nivel de vida que mantenían pese a tener órdenes de aprehensión vigentes desde 2021.
En el interior del domicilio, según versiones, se encontraba Inés Gómez Mont con sus hijos. Las autoridades decidieron no arrestarla de inmediato, otorgándole una “consideración especial” para evitar que los menores quedaran bajo custodia del Estado. Pero eso no significa que esté libre de problemas: enfrenta también un proceso migratorio por falsedades en su solicitud de ingreso a Estados Unidos.
EL “PERSEGUIDO POLÍTICO”
Álvarez Puga, detenido mientras conducía un Bentley de 300 mil dólares, asegura ser víctima de “persecución política” y ha solicitado asilo político en Estados Unidos, argumentando que su vida corre peligro en México por sus “convicciones conservadoras” y su pertenencia a un “grupo político particular”.
Sin embargo, su expediente dice otra cosa: evasión fiscal, uso de facturas falsas, desvío de fondos públicos y corrupción. En su contra pesan las acusaciones de haber desviado cerca de 3 mil millones de pesos del erario a través de una red de empresas fantasma, beneficiadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular con contratos para la construcción de cárceles federales.
LOS VÍNCULOS EN CHIAPAS
Pero la historia del chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga no se entiende sin mirar hacia atrás, hacia los años en que su apellido empezó a sonar entre los pasillos del poder político de Chiapas.
Fue durante el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía (2000–2006) cuando los hermanos Álvarez Puga fundaron en Tuxtla Gutiérrez su despacho de contadores, Álvarez Puga & Asociados, especializado en “optimización fiscal”. Pronto, aquel despacho pasó de atender negocios locales a manejar contratos millonarios para gobiernos estatales y federales.
Durante la administración de Juan Sabines Guerrero (2006–2012), el despacho fue señalado de colaborar en la simulación de nóminas y subcontrataciones que encubrían desvíos de recursos públicos. Y ya en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012–2018), las empresas vinculadas a los Álvarez Puga obtuvieron jugosos contratos de outsourcing con dependencias estatales, particularmente en áreas de educación, salud y obra pública.
En ese mismo periodo, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entonces alcalde de Tuxtla Gutiérrez y figura cercana al círculo verde, también habría mantenido relaciones administrativas y políticas con el despacho Álvarez Puga & Asociados, que operaba servicios financieros y de nómina para diversas dependencias municipales.
Velasco Coello, incluso, fue visto como amigo personal de la familia. Asistió en 2017, siendo gobernador, a la boda de Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor, en Tuxtla Gutiérrez. La cercanía entre ambos no fue un secreto: se hablaba de sociedades, asesorías financieras y favores políticos que hoy, a la distancia, adquieren otro sentido.
¿CALLARÁ O HABLARÁ?
Ahora que el empresario se encuentra bajo custodia del ICE en el centro Krome North, la gran pregunta es si su eventual extradición a México abrirá la caja de Pandora de los contratos chiapanecos, o si el caso se convertirá —como tantos otros— en un espectáculo mediático sin consecuencias reales.
Porque si Álvarez Puga decide cooperar, más de un político local y exgobernador podría quedar expuesto. Su testimonio podría revelar cómo operaban las redes de outsourcing con las que se desviaron cientos de millones de pesos desde Chiapas hacia cuentas privadas, disfrazadas de servicios administrativos o fiscales.
Sin embargo, si el proceso se maneja con el sigilo que caracteriza a los casos de alto perfil, su extradición podría reducirse a un simple trámite diplomático, sin tocar los intereses ni los nombres de quienes lo protegieron durante años.
EL ESCÁNDALO QUE VUELVE A PONER A CHIAPAS EN LA MIRA
De confirmarse su retorno a México, la Fiscalía General de la República tendría la oportunidad de tirar del hilo de una red que lleva más de dos décadas activa y que involucra a tres exgobernadores chiapanecos, empresarios y exfuncionarios federales.
Pero, como ha pasado antes, la justicia en México podría quedar atrapada entre intereses políticos, pactos de silencio y expedientes que se “pierden” en el tiempo.
Por ahora, el empresario chiapaneco que un día presumió ser “visionario y exitoso” enfrenta el mayor desafío de su vida: demostrar que su fortuna no fue construida sobre la corrupción y el desvío del dinero público.
Y mientras el proceso judicial avanza en Florida, en Chiapas muchos esperan —y otros temen— que hable. Porque si Víctor Álvarez Puga decide romper el silencio, su testimonio podría cimbrar los cimientos del poder político estatal, y más de uno será evidenciado.
