27/02/2026
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Denuncian represalias y arbitrariedades en el CEJUM
***El recinto que debería proteger derechos se convierte en escenario de descuentos salariales arbitrarios
Trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) han alzado la voz para exponer las graves irregularidades que permean en la institución desde que Pamela Alejandra Ortega Medina asumió la administración.
Lo que debería ser un espacio dedicado a la protección y salvaguarda de los derechos se ha transformado, según testimonios internos, en un escenario de hostigamiento donde el personal femenino es el más castigado por una gestión que utiliza el salario como herramienta de control.
La denuncia principal apunta a una "ley del garrote" disfrazada de disciplina. El personal señala que se han aplicado descuentos salariales injustificados bajo el argumento de reforzar el orden interno; sin embargo, esta acción no es pareja para todos.
Mientras el personal operativo ve recortados sus ingresos, un grupo selecto de analistas con sueldos elevados y personas cercanas a la coordinación gozarían de privilegios que les permiten evadir el rigor del registro de asistencia, evidenciando un favoritismo.
A esta presión económica se suma la vulneración de los derechos laborales más básicos. Los trabajadores reportan una gestión discrecional de los descansos, donde a gran parte del personal se le ha limitado el derecho a vacaciones, permitiéndoles tomar apenas cinco días bajo el argumento de que no hay autorizaciones para periodos completos.
Esta falta de equidad en el trato humano y profesional contrasta drásticamente con las promesas de mejora salarial y dignificación laboral que se hicieron al inicio de la administración y que, a la fecha, permanecen como promesas rotas.
El uso de los recursos públicos también se encuentra bajo sospecha. Según las versiones recabadas, existe un uso indebido de los vehículos oficiales, los cuales son utilizados para fines ajenos a la labor institucional, incluyendo traslados a domicilios particulares. Esta situación resulta alarmante considerando que varias de estas unidades sufrieron siniestros al comienzo de la gestión y, aun así, siguen siendo operadas bajo criterios personales y no oficiales.
Ante el silencio de la dirección, la base trabajadora cuestiona la ausencia de auditorías y supervisión externa. Mientras otras dependencias estatales atraviesan procesos de ordenamiento, el CEJUM parece operar con total impunidad. La exigencia es clara: una intervención inmediata de los órganos de control para detener las represalias y garantizar que el Centro de Justicia sea, finalmente, un lugar donde la justicia comience desde casa.