29/04/2026
EN RIESGO: MUNICIPALIDAD PAGARÍA MÁS DE NUEVE MILLONES POR PERDER ARBITRAJE, MIENTRAS FUNCIONARIOS EVADEN RESPONSABILIDADES
El distrito de Huaral vuelve a ser escenario de una preocupante combinación de ineficiencia administrativa y falta de responsabilidad política. Mientras la población sigue esperando la ejecución de la “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” (PTAR), agricultores continúan utilizando aguas servidas para regar sus cultivos, poniendo en riesgo la salud pública ante la inacción de las autoridades.
A esta situación se suma un nuevo golpe a las arcas municipales: la Municipalidad Provincial de Huaral habría perdido el arbitraje frente a la empresa MARQUISA SAC, encargada de la obra inconclusa. Como consecuencia, la comuna tendría que pagar más de S/ 9 millones, tras haberse declarado fundadas las pretensiones de la empresa en el laudo arbitral.
Sin embargo, lo más grave no es solo la pérdida económica, sino las evidentes señales de presunta negligencia funcional dentro de la propia administración municipal. El Procurador Público Municipal, encargado de defender los intereses de la entidad, habría advertido oportunamente sobre irregularidades y deficiencias en el proceso. Mediante el Informe N° 1147-2024-MPH/PPM/JAPP, remitido el 18 de septiembre de 2024 al gerente municipal, Luis Enrique Ramos Ostos, informó sobre el cierre de las actuaciones arbitrales y alertó que no había recibido respuesta a múltiples requerimientos necesarios para ejercer una defensa adecuada.
Esta omisión no es menor. La falta de atención a los requerimientos del procurador habría debilitado la posición de la municipalidad en el arbitraje, comprometiendo directamente el resultado. En términos administrativos, la responsabilidad recae en la Gerencia Municipal, encargada de dirigir la gestión operativa, presupuestal y administrativa de la entidad.
Más alarmante aún resulta que el representante de la Municipalidad Provincial de Huaral no habría asistido a audiencias clave del proceso arbitral, ni presentado conclusiones en la etapa de informes orales, tal como consta en la Resolución N.° 23-2024-CEAR-CAL. Este nivel de abandono procesal no solo evidencia desidia, sino que podría configurar una grave falta funcional con consecuencias legales.
Las preguntas son inevitables:
¿Por qué no se garantizó la presencia del representante municipal en un proceso de alto impacto económico?
¿Por qué no se atendieron los requerimientos del Procurador Público?
¿Quién asumirá la responsabilidad por este perjuicio millonario?
En el ámbito político, la reacción del Concejo Municipal tampoco ha estado a la altura de la gravedad del caso. Los regidores habrían optado por una salida formalista: remitir el informe a la Contraloría General de la República, sin adoptar medidas concretas para el deslinde de responsabilidades administrativas ni impulsar denuncias ante el Ministerio Público. Esta actitud pasiva debilita su rol fiscalizador y contribuye a un preocupante clima de impunidad.
No se trata solo de un error administrativo, sino de un posible acto de negligencia que le costará a todos los huaralinos más de nueve millones de soles, recursos que pudieron destinarse a obras esenciales en zonas que aún carecen de servicios básicos.
La ciudadanía no puede aceptar que hechos de esta magnitud queden sin consecuencias. La transparencia, la rendición de cuentas y la sanción a los responsables no son opcionales: son obligaciones fundamentales en una gestión pública democrática.
Si no se establecen responsabilidades administrativas, civiles y penales, este caso se convertirá en un nuevo ejemplo de cómo la ineficiencia y la falta de voluntad política permiten que el perjuicio al Estado quede, una vez más, impune.
Los Regidores Daniel Hernández Buitrón y Silvia Mercedes Dorador Gonzales tienen la palabra y oportunidad de tocar este álgido tema en la sesión de Concejo del fin de mes de abril.
