09/08/2025
CAE PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN EN QUILLABAMBA: DICTAN 9 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA A DOS POLICÍAS Y UNA ABOGADA
El fiscal Alex Franco Palomino, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, lideró un operativo en coordinación con el Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción PNP Cusco, que permitió identificar una presunta organización criminal integrada por dos policías y una abogada en (Cusco).
Según la investigación, el suboficial de primera Manuel Jesús Sánchez Sánchez, el suboficial de tercera Luis Enrique Zegarra Yupayccana y la abogada Flor Maritza Caballero Alegría habrían actuado de manera concertada desde inicios de este año para obtener beneficios económicos ilícitos en la unidad de Tránsito de la Comisaría PNP de Quillabamba.
El modus operandi, descrito en la carpeta fiscal, consistía en derivar a los conductores intervenidos por manejar en estado de ebriedad hacia la abogada Caballero Alegría, quien ofrecía servicios “más económicos” y con la promesa de reducir el tiempo de detención. Luego, mediante coordinaciones con los suboficiales, se procedía a la devolución de vehículos sin aplicar la infracción correspondiente, a cambio de pagos que iban de 800 a 1.500 soles.
El caso que destapó la presunta red ocurrió la madrugada del 2 de agosto, cuando el ciudadano Erick Breizlander Florez Berrios fue intervenido por conducir en estado de ebriedad, sin licencia y sin SOAT. Según la denuncia, el suboficial Zegarra le ofreció los servicios de Caballero por 200 soles, pagados vía Yape. Más tarde, la abogada le propuso devolverle su motocicleta sin papeletas a cambio de un monto mayor.
Las coordinaciones incluyeron mensajes por WhatsApp y Signal, en los que Sánchez Sánchez solicitó 1.500 soles para “solucionar” el problema. El 6 de agosto se pactó la entrega de 1.400 soles —900 en efectivo y 500 mediante Yape— en la oficina de la abogada, momento en que se ejecutó la intervención con billetes previamente fotocopiados.
La Fiscalia imputa a los tres el delito de cohecho y el de banda criminal, tipificado en el artículo 317-B del Código Penal, que contempla p***s de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes se asocien con el fin de cometer delitos de forma concertada.
Este sábado, el juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio, con funciones adicionales en corrupción de funcionarios, Gabriel Farroñan Flores, dictó nueve meses de prisión preventiva contra los tres investigados, quienes serán internados en el penal de Quillabamba mientras duren las investigaciones.