21/01/2026
¿DENUNCIA O CIRCO? SERIOS CUESTIONAMIENTOS A LA ACUSACIÓN CONTRA EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN LUIS RAMOS RIOJA
Lo que comenzó como una grave denuncia por presunto acoso contra el fiscal anticorrupción de Sullana, Luis Ramos Rioja, hoy es duramente cuestionado por diversas fuentes que califican el caso como una patraña cuidadosamente montada, con indicios de concertación y un claro objetivo: sacar del camino a un fiscal que investiga casos emblemáticos.
Según información recabada, la denuncia presentada por la asistente administrativa Marissel Coro Jiménez habría perdido sustento frente a contradicciones, comportamientos previos documentados y nuevas revelaciones que ponen en duda la veracidad de su relato. Fuentes cercanas al proceso señalan que el supuesto cuadro de “acoso” no se condice con imágenes y registros públicos en redes sociales donde se observa una relación de trato cercano y voluntario entre la denunciante y el fiscal, lo que desvirtúa la narrativa de hostigamiento que se pretendió instalar.
Más aún, se advierte una presunta articulación entre la denunciante y su pareja sentimental, el suboficial de segunda Julihno Andrés Cuentas Cruz, efectivo que labora en la Policía Nacional del Perú. A ello se sumaría la participación de otros efectivos —el mayor PNP Francis Barzola Álvarez y los suboficiales Richard Cherres Antón y Leonardo Almestar Sandoval— quienes, según las versiones recogidas, habrían actuado en contubernio para impulsar una denuncia anónima o falsa. Cabe recordar que uno de ellos ya había denunciado previamente al fiscal Ramos Rioja por un presunto abuso de autoridad, luego de que este acudiera a una comisaría a recabar información en una investigación contra efectivos policiales.
El modus operandi también genera suspicacias: la aparición de mensajes y videos “amenazantes” atribuidos al fiscal, la asignación de patrullero y chaleco antibalas a la denunciante y una cobertura que, para fuentes consultadas, parece más una puesta en escena que una medida proporcional de protección. Todo ello alimenta la hipótesis de un show mediático sostenido por intereses ajenos a la verdad.
A estas dudas se suma un hecho reciente: la denunciante se habría negado a pasar la pericia psicológica alegando la presencia de un perito de parte del investigado, desconociendo —según especialistas— que este es un procedimiento regular. La negativa refuerza los cuestionamientos sobre su disposición a someter su versión a contrastación técnica.
En paralelo, se ha conocido que Marissel Coro Jiménez habría sido recientemente adjudicada a una plaza para laborar directamente con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana dentro del Ministerio Público, hecho que despierta preocupación sobre los filtros y criterios para el ingreso y promoción de personal administrativo en una institución llamada a resguardar la legalidad y la objetividad.
Mientras tanto, abogados consultados advierten que, de confirmarse la falsedad de la denuncia, se abriría la puerta a acciones penales por difamación y al pago de una indemnización a favor del fiscal Ramos Rioja. El caso, lejos de aclararse, deja una estela de interrogantes: ¿se protegió a una presunta agraviada o se montó un operativo para desacreditar a un fiscal incómodo? ¿Quiénes ganan si cae una investigación anticorrupción?
Hoy, con los hechos sobre la mesa, la versión inicial se resquebraja y el “caso” empieza a verse como lo que muchas fuentes describen sin rodeos: un circo bien montado. La verdad —y las responsabilidades— deberán determinarse en las instancias correspondientes, pero la opinión pública ya exige explicaciones claras y sanciones ejemplares si se confirma que se intentó manipular la justicia.
