06/08/2026
CORTE SUPREMA: [OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR] NO BASTA PROBAR QUE EL OBLIGADO NO PAGÓ ALIMENTOS; DEBE ACREDITARSE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE CUMPLIMIENTO DEBIDAMENTE PROBADA
• Casación N° 3104 – 2023 LAMBAYEQUE.
1. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió a un padre que había sido condenado a un año de prisión efectiva por omisión a la asistencia familiar, al comprobarse que, cuando fue requerido para pagar las pensiones devengadas, carecía de una posibilidad real y material de cumplir.
2. El sentenciado padecía diabetes mellitus, tenía amputada la pierna derecha desde 2015, había sido declarado con discapacidad severa por el Conadis y recibía únicamente S/ 300 cada dos meses del programa social Contigo. Además, no se acreditó que realizara alguna actividad laboral o percibiera otros ingresos.
3. Los jueces de instancia habían sostenido que trabajaba como mototaxista y que ganaba aproximadamente S/ 1,500 mensuales, basándose, entre otros aspectos, en que aparecía usando un “canguro” en unas fotografías. La Corte Suprema consideró que esta conclusión era subjetiva, ilógica y carente de respaldo probatorio. Las fotografías ni siquiera habían sido admitidas como prueba para determinar su responsabilidad.
4. En los delitos de omisión no puede sancionarse a quien se encuentra físicamente imposibilitado de cumplir el mandato legal. Para atribuir responsabilidad penal no basta comprobar que existía una sentencia de alimentos y que el obligado no pagó. También debe verificarse que, en las circunstancias concretas, tenía capacidad individual de acción, es decir, posibilidad física, mental y material de realizar la conducta exigida.
5. Sin embargo, la Corte precisó que la absolución penal no elimina, reduce ni suspende la obligación alimentaria fijada en la vía civil ni la deuda por pensiones devengadas. El delito de omisión a la asistencia familiar requiere que el obligado haya podido cumplir y, pese a ello, haya omitido hacerlo. Cuando existe una imposibilidad material grave, objetiva y debidamente acreditada, falta un presupuesto esencial del delito: la capacidad individual de acción.
6. Esto no significa que sea suficiente alegar desempleo, bajos ingresos o dificultades económicas. La imposibilidad debe probarse mediante elementos objetivos, como certificados de discapacidad, historias clínicas, pericias médicas, información patrimonial y ausencia acreditada de ingresos.
7. La Casación 3104-2023/Lambayeque desarrolla una excepción compatible con la línea jurisprudencial anterior. La Casación 1496-2018/Lima había señalado que la discusión ordinaria sobre la capacidad económica y el monto de la pensión corresponde principalmente a la vía civil. Sin embargo, esa misma línea admite que en sede penal debe evaluarse una imposibilidad material de cumplimiento debidamente probada.
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