16/05/2026
POLICÍA DENUNCIADO POR “PEPEO”, PRESUNTA VIOLACIÓN, VIOLENCIA Y DESACATO
La Policía Nacional del Perú reabrió las investigaciones de graves denuncias que involucran al ex comisario del Centro Poblado Los Ángeles de Moquegua Douglas Alberto Cárdenas Chumbe por “abuso, prepotencia, denuncias reiteradas” y una cadena de actuaciones policiales y judiciales que dibujan el retrato de un mal oficial policial que, durante años, siguió moviéndose dentro del aparato estatal mientras las acusaciones crecían alrededor suyo.
Y lo más grave no es solamente lo que hizo —o lo que se investiga que hizo— sino todo lo que aparentemente nadie quiso frenar a tiempo. El expediente comienza con una escena casi simbólica de la degradación institucional. Octubre de 2020. San Borja, Lima. Un vehículo sin placas visibles es intervenido por efectivos policiales. Al volante estaba el entonces Alférez PNP Douglas Alberto Cárdenas Chumbe. No tenía SOAT, no tenía documentación completa y tampoco autorización para lunas polarizadas.
Pero el detalle que quedó registrado en el acta fue otro: el oficial “se mostró de manera prepotente”. La frase parece pequeña, pero retrata una cultura enquistada dentro de ciertos sectores del poder: la del funcionario que cree que el uniforme le otorga superioridad frente al ciudadano y frente a sus propios colegas. El policía que no tolera ser fiscalizado porque se siente parte de una casta distinta.
Lo que vino después ya no pertenece al terreno de la soberbia funcional sino al de las denuncias estremecedoras. En abril de 2022, una mujer denunció ante la DEPINCRI Arequipa haber sido dopada y posteriormente violentada sexualmente tras reunirse con el oficial policial. Según la denuncia, luego de consumir bebidas alcohólicas y energizantes perdió el conocimiento y despertó horas después con signos de intoxicación, hematomas en el cuello y sin sus prendas íntimas.
La escena descrita en el expediente tiene la crudeza de las historias que suelen terminar archivadas entre papeles fiscales y silencios institucionales: una mujer vulnerable, un presunto estado de inconsciencia inducida y un policía señalado como principal sospechoso que continuaba en funciones como si nada hubiese pasado. Eso tiene nombre penal. Y tiene gravedad extrema. Porque cuando una persona es privada químicamente de su capacidad de resistir, la ley considera que estamos ante una de las formas más graves de agresión sexual. Traducido al lenguaje cotidiano: alguien habría aprovechado la indefensión absoluta de una mujer para someterla.
Y aun así, la pregunta inevitable sigue golpeando: ¿qué hizo la Policía frente a semejante denuncia? La respuesta parece ser la misma de siempre: lentitud, silencio y burocracia.
Los documentos posteriores muestran además medidas de protección dictadas por juzgados de familia y actuaciones por violencia familiar. En una diligencia policial, Douglas Cárdenas Chumbe se negó a firmar las notificaciones judiciales emitidas en su contra. No era ignorancia legal. Era desafío abierto. Un efectivo policial desacatando resoluciones judiciales que cualquier ciudadano común está obligado a cumplir. La contradicción resulta obscena: un agente del orden resistiéndose al orden.
Y el cuadro empeora. Otro de los registros involucra como agraviada a una menor de 17 años. A estas alturas ya no estamos hablando únicamente de un oficial cuestionado. Estamos hablando de un sistema que, pese a las alertas acumuladas, aparentemente permitió que un miembro de la institución siguiera ejerciendo poder mientras cargaba denuncias gravísimas sobre la espalda.
Porque aquí también debe investigarse la pasividad institucional. ¿Inspectoría de la PNP actuó con la contundencia que exige la Ley 30714?, ¿Se aplicaron medidas preventivas inmediatas?, ¿O funcionó otra vez el viejo pacto no escrito de ciertas estructuras estatales donde el uniforme vale más que la denuncia de una víctima?
La población de Moquegua exige que, en el marco del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú se disponga la evaluación integral de su situación funcional y la aplicación de la sanción de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria. Asimismo, se demanda una investigación exhaustiva, célere e imparcial por parte de Inspectoría General, así como la intervención del Ministerio Público para el esclarecimiento de presuntos actos irregulares vinculados a operativos policiales que lideraba el comisario PNP no conformes a los protocolos institucionales, incluyendo denuncias de cobros indebidos o condicionamientos económicos a conductores durante intervenciones.
En ese sentido, la separación preventiva del cargo constituye una medida cautelar necesaria, orientada a preservar la transparencia de las investigaciones, garantizar la cadena de confianza ciudadana y evitar cualquier riesgo de interferencia funcional, en tanto se determine la responsabilidad administrativa, funcional y penal que corresponda.
